Los ayuntamientos y las comunidades autónomas se ponen de acuerdo para edificar en espacios protegidos, para lo cual aprueban decretos y leyes, que les permitan convertir terrenos no edificables en edificables. Luego se lleva a cabo el proyecto, desoyendo las voces de los vecinos y los ecologistas, escuchando el vozarrón de la Diosa fortuna, y los palabras mimosas de los constructores y edifican pareados, chalets, urbanizaciones u hoteles. Da igual que sea frente al mar y que haya sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo instando a la paralización de las obras. Ellos siguen para adelante, hasta concluir la obra. Luego a veces sucede como pasó en Almería, en el Cabo de Gata, que un hotel, El algarrobico, tiene que ser demolido y el Estado con el dinero de todos los españoles debe ir recomprando terrenos y fincas por el litoral. Los mismos terrenos que los ayuntamientos y las comunidades cegados por el dinero y la sinrazón vendieron a los constructores. De esos ingresos que las comunidades autonomas reciben de los Presupuestos generales del Estado, deducería las cantidades que el Estado va pagando en estas recompras.

El único culpable de esta asquerosa situación, de esos afanes inmobiliarios, de esa locura consistente en crear campos de golf en lugares donde falta el agua, son los políticos irresponsables, los alcaldes y concejales de urbanismo, los cuales comprados por suculantes comisiones son capaces de venderse no ya ellos, sino también los terrenos municipales al mejor postor. Que el futuro medioambiental de muchos municipios esté en manos de esta gentuza, obliga a tomar medidas, a fin de controlar sus acciones y si es preciso hacer que la ordenación del territorio pase a manos del Estado. No puede ser que un puñado de políticos corruptos jueguen con nuestras costas, con los terrenos protegidos, con el medio ambiente, que ya es lo bastante frágil como para que gente sin ningun miramiento se enriquezca a costa de dejarnos como legado toneladas de cemento y ladrillos